Subcomité de Restitución

¿Qué es?

Es la instancia de articulación y coordinación interinstitucional que construye lineamientos y recomendaciones, para orientar a diferentes instituciones del nivel nacional y territorial en el proceso de formulación e implementación de la política de restitución, desde los componentes de vivienda, promoción de empleo urbano y rural, tierras y acceso a medidas financieras; hacia una intervención armónica y eficiente para garantizar el restablecimiento de derechos de las víctimas con enfoque transformador. 

¿Quién lo compone?
  1. Departamento Nacional de Planeación
  2. Ministerio de Justicia y del Derecho
  3. Departamento para la Prosperidad Social
  4. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
  5. Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas
  6. Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas
  7. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
  8. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
  9. Ministerio del Trabajo.
  10. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
  11. Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
  12. Fiscalía General de la Nación.
  13. Servicio Nacional de Aprendizaje.
  14. Banco de Comercio Exterior de Colombia.
  15. Banco Agrario.
  16. Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario.
  17. Superintendencia de Notariado y Registro.
  18. Superintendencia Financiera.
  19. Superintendencia de Industria y Comercio.
  20. Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal
  21. Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa.
  22. Dos representantes de la Mesa Nacional de Participación de las Víctimas

Grupos Internos de Trabajo:

  • Grupo de Vivienda Rural y Urbana.
  • Grupo de Medidas Financieras.
  • Grupo de Empleo Rural y Urbano.
  • Grupo de Restitución de Tierras.
  • Grupo de Monitoreo de Fallos.
  • Grupo de Planeación.
Principales logros
  • Construcción del documento de Política Pública de Vivienda Rural y Urbana que identifica los cuellos de botella y recomendaciones en la implementación de la política pública de vivienda dirigida a la población víctima del conflicto armado interno en Colombia.
  • Realización de un estudio detallado de la oferta programática frente a programas de formación, emprendimiento e intermediación laboral, en cada entidad según las competencias otorgadas por la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios.
  • Elaboración del módulo sobre medidas financieras, el cual hacía parte de los procesos de capacitación que se realizaban en el seno del grupo. A finales de 2016, se logró la publicación y divulgación de la Cartilla de Medidas Financieras. Esta cartilla garantiza el acceso permanente a la información de la oferta de las entidades financieras que conforman el Grupo de Medidas Financieras, de tal forma que permita una adecuada orientación y direccionamiento a la población victima objeto de la atención; en lo que a las medidas financieras se refiere. 
  • Con el Consejo Superior de la Judicatura, se logró la expedición del Acuerdo No. PSAA13-10010, de Octubre 17 de 2013, “Por el cual se delega la facultad a las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de Judicatura para participar en los Comités Departamentales de Justicia Transicional, creados en la Ley 1448 de 2011”, logrando que la Rama Judicial haga  presencia en los mencionados Comités Territoriales.
  • Consolidación de un sistema interinstitucional de monitoreo y reporte que ha permitido generar un diálogo técnico en torno a los fallos de restitución y la identificación de las dificultades en su cumplimiento.
  • Desde el año 2016 se viene implementando un ejercicio entre la Rama Judicial y diferentes entidades, de acuerdo a las temáticas que se consideren prioritarias y pertinentes desde el nivel territorial, con el propósito de dinamizar el cumplimiento de las sentencias judiciales de Restitución de Tierras. En el marco del principio de colaboración armónica se genera un escenario de diálogo para establecer acuerdos, criterios y propuestas de solución a las diferentes dificultades en el cumplimiento de las órdenes proferidas en sentencias de Restitución de Tierras, respetando la autonomía judicial e incluyendo a los distintos niveles de gobierno, para conducir a las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras al goce efectivo de sus derechos.

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